El denominado procedimiento de fond se asemeja al procedimiento declarativo español. En él, la parte actora interpone la demanda con el objeto de que el juez se pronuncie sobre el fondo de un asunto.

Se trata de un procedimiento contradictorio en el que las partes intercambian sus argumentos de hecho y de derecho en apoyo de sus posiciones mediante escritos y documentos de prueba en audiencias denominadas de mise en état.

Una vez que ambas partes se han comunicado todos los escritos y medios de prueba, las partes manifiestan su disposición de pleitear el asunto. En este momento se nombra un juez, el denominado Juge Rapporteur, delante del cual las partes exponen sus conclusiones definitivas en una última vista oral.

En supuestos de impago de una deuda comercial, además de los procedimientos de fond y en référés la ley francesa prevé los denominados procedimientos no contradictorios.

Los procedimientos no contradictorios son aquellos en los que no hay un debate previo entre las partes, ya que el deudor no tiene conocimiento del procedimiento hasta el momento en el que se le notifica la decisión. Entre los mas utilizados se encuentran la injonction de payer y el embargo preventivo (saisie conservatoire)

Se trata de una medida provisional adoptada por el Juez para prevenir los riesgos de desaparición de los bienes del deudor y salvaguardar así el derecho del acreedor al cobro de la deuda.

En cuanto a las condiciones de fondo, se exigen dos, la apariencia de deuda (la deuda debe estar fundamentada al menos en apariencia) y el riesgo cierto de impago de la deuda (se debe demostrar que existen circunstancias que pueden amenazar el recobro de la deuda).

En cuanto al tipo de procedimiento, distinguimos 2 supuestos, con o sin autorización judicial previa:

 Necesidad de autorización judicial previa

 Se requerirá autorización judicial previa si el acreedor no dispone de ninguno de los títulos anteriormente mencionados. Dicha autorización judicial será solicitada por el acreedor a través de una requête, que será presentada o bien ante el Juez encargado de la ejecución o ante el presidente del Tribunal de Comercio competentes.

En la demanda, se deberán incluir los datos personales de deudor y del acreedor, así como las razones de la demanda, la situación de los bienes que se pretenden embargar y la justificación de porqué se solicita la medida.

El carácter no contradictorio del procedimiento es una ventaja para el acreedor, pues le permite salvaguardar los derechos que considera amenazados.

Dicha medida preventiva, una vez autorizada por el juez, deberá ser ejecutada en el plazo de tres meses desde la notificación. El acreedor tiene la obligación de plantear la demanda judicial de recobro en el plazo de un mes a partir de la obtención del embargo.